Fuente: Copia íntegra de noticia publicada en LA OPINIÓN DE GRANADA
GRANADA, 13 octubre 2009 (LA OPINIÓN DE GRANADA)

El empresario José Puertas Laguna denuncia el deterioro que sufren sus 50 viviendas en el complejo Las Alondras, que dio origen a un embrollo judicial que le enfrenta al alcalde Ignacio Fernández-Sanz.

"En Otura no hay cabida para empresarios –ni políticos– que sólo buscan especular con los intereses del municipio". La autoría de la frase se atribuye al alcalde Ignacio Fernández-Sanz (PP) pero el empresario José Puertas Laguna se la ha apropiado y le ha añadido la apostilla que alude a los "políticos". Ahora luce en una pancarta a la entrada de la urbanización Las Alondras donde el empresario permutó unos terrenos a cambio de 50 viviendas unifamiliares.

La imagen de la urbanización es fantasmagórica, sin vecindario y en proceso de deterioro acelerado. Tejas rotas que el viento ha estrellado contra el suelo, grietas en las fachadas de las viviendas, parcelas que carecen de desagües, rampas que impiden el acceso de los vehículos a los garajes.... Para colmo de sus desgracias, algunas de las viviendas no tienen la altura que contempla el plan parcial y la urbanización exterior no está ni mucho menos terminada.

Pese a estar enclavada en una zona privilegiada del municipio, por encima de la urbanización del campo de golf de Otura, ni un alma recorre sus calles. Sólo asoma por allí Pepe, el vigilante de seguridad que recorre a diario con su vehículo las calles para evitar que los amigos de lo ajeno arramplen con todo.

En más de una ocasión ha sorprendido a ladrones que intentan llevarse los cables de las farolas de uno de los paseos abandonados de la urbanización. El promotor de las viviendas ha presentado en dos años varias denuncias por los robos que se producen en las casas, a las que acceden sin demasiados problemas para apoderarse de sanitarios, calderas o radiadores.

El propietario es José Puertas Laguna, un conocido empresario granadino que se ha visto envuelto en un embrollo judicial con el alcalde de Otura, el popular Ignacio Fernández-Sanz, a cuenta precisamente de dicha urbanización. La decisión del Ayuntamiento de conceder, primero, la licencia de primera ocupación y, con posterioridad, la de la urbanización exterior, aún estando inacabada y con informes en contra de los técnicos municipales, llevó al empresario a emprender una batalla en los despachos que ha derivado en los tribunales.Un informe de la Inspección de Ordenación del territorio de la Consejería de Vivienda, aportado a la causa, pone en evidencia la actuación del alcalde al sostener que "no podrá concederse licencia municipal de primera ocupación hasta que no estén finalizadas las obras de urbanización".

A día de hoy, Puertas Laguna no está dispuesto a vender ninguna de las cincuenta viviendas que construyó la empresa gallega Alcuba, hoy en suspensión de pagos. La causa no guarda relación con la crisis económica sino con las múltiples deficiencias que afectan a las casas y a su entorno que, según Puertas Laguna, "el alcalde amparó al conceder las citadas licencias, incluso en contra de los informes de los técnicos".

Desde entonces la urbanización se ha convertido en una pesadilla que, según reconoce, le ha quitado el sueño más de una noche.

No conforme con la decisión del gobierno municipal, Puertas Laguna presentó un recurso de reposición, un trámite administrativo aireado en la prensa donde se acusaba al alcalde de presunta prevaricación; denuncia que luego trasladaría a la Fiscalía.

La respuesta no se hizo esperar. El alcalde denunció a las pocas semanas al empresario por un intento de soborno que se presentó seis meses después de que tuviera lugar el encuentro donde supuestamente intentó comprar los favores del alcalde. Su hijo, Luis Miguel Puertas, también fue denunciado por injurias y calumnias, un asunto que se archivó en primera instancia y que la Audiencia ha vuelto a reabrir.

Pero ahí, no queda todo. IU trasladó a los tribunales un pago de 6.000 euros que el empresario dio al alcalde, como prueba el recibo aportado a la causa, después de que Fernández-Sanz le solicitara dinero si bien se hacía constar que servía de anticipo de las licencias municipales a girar y a cobrar en su día por el Consistorio, así consta en el escrito que le obligó a firmar al regidor para curarse en salud. El problema es que dicho dinero no pasó nunca por la tesorería e intervención municipales.

El alcalde mantiene que actuó con corrección y que la mayor parte de la urbanización está en perfectas condiciones. Mientras, el empresario reclama celeridad a la justicia ante el daño económico que, según él, le está causando su enfrentamiento con el alcalde.

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