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DE GRANADA 
GRANADA,
9 Feb. (EUROPA PRESS)
La Fiscalía
de Granada ha solicitado un total de 28 años de inhabilitación
especial y otros dos de cárcel para el alcalde de Otura
(Granada), el 'popular' Ignacio Fernández-Sanz, por
conceder, contra el criterio de los técnicos, unas
licencias para una urbanización que aún no había
sido terminada ni recepcionada.
Asimismo,
pide 18 años de inhabilitación y otros dos más
de prisión a los cuatro concejales que integraban la
Junta de Gobierno Local que aprobó la operación
junto al alcalde. El Ministerio Público atribuye a
los cuatro ediles un delito continuado de prevaricación
urbanística y otro de prevaricación ordinaria,
y al alcalde le imputa además un delito más
de prevaricación ordinaria.
Los hechos
se remontan al pasado 23 de julio de 2007, cuando el alcalde
y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local adoptaron
"unánimemente" un acuerdo relativo a la concesión
de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una
urbanización en el Plan Parcial Sector 5 de desarrollo
de las Normas Subsidiarias, "conscientes, no obstante,
de que este proceder era contrario" a la normativa urbanística
vigente, puesto que se prohíbe expresamente que se
otorgue "sin la previa finalización de las obras",
según consta en el escrito de acusación provisional
de la Fiscalía, consultado por Europa Press.
Este
extremo, según el fiscal, "les había sido
advertido por parte de la técnico municipal" en
un informe del 18 de julio de 2007 a los concejales y al alcalde,
que además, "prescindieron del preceptivo informe
jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad",
pese a que la "omisión" también fue
advertida por el secretario.
Del mismo
modo, el 1 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno Local
"también de forma unánime" votó
favorablemente la adopción de tres acuerdos por los
que se concedía licencia de ocupación para 46
viviendas en la misma urbanización y "con idénticas
infracciones legales", puesto que no estaban terminadas
y las obras no habían sido aún recepcionadas
por el Ayuntamiento, se actuó en contra del criterio
de la técnico municipal y se prescindió del
preceptivo informe jurídico.
La concesionaria
de la obra pública de urbanización pidió
al Ayuntamiento su recepción parcial, pero el arquitecto
técnico municipal emitió un informe desfavorable
que alertaba de "importantes defectos y omisiones",
entre otros aspectos. No obstante, pese a este informe, la
Junta de Gobierno, ya el 29 de octubre de 2007, y nuevamente
con el voto unánime de todos sus miembros, acordó
la recepción de las obras "sin ninguna referencia
a su carácter parcial", condicionándola
a que se subsanaran las deficiencias en el plazo de 90 días.
Al transcurrir
tan sólo 15 días y en virtud de un escrito de
la empresa en el que se afirmaba que las deficiencias habían
sido corregidas, el alcalde de Otura tomó la decisión
de poner fin al procedimiento, "cualquiera que fuese
el estado de las obras de urbanización" y el 14
de noviembre ordenó a la técnico municipal que
emitiera informe sobre la subsanación de las deficiencias.
Ésta,
que constató que seguían sin presentarse documentos
esenciales, volvió a informar en contra de la recepción,
pues no se ajustaba a las fases del plan parcial y se incumplían
algunas de las condiciones puestas por la Junta de Gobierno
Local, pero, pese a esto, el alcalde, "llevado de la
determinación de proceder a la recepción total
y definitiva de las obras de urbanización aun prescindiendo
de las normas y garantías legales aplicables",
dictó una resolución en la que dio por subsanadas
los defectos y por cumplidas las condiciones señaladas.
Ya el 20 de noviembre, a pesar de la nueva reticencia del
técnico municipal, firmó el acta de recepción
de la totalidad de las obras.
Por todo,
la Fiscalía solicita, además de la pena de cárcel
e inhabilitación, que se declaren nulas las licencias
que fueron aprobadas y las resoluciones adoptadas en igual
sentido por el Ayuntamiento, para que se proceda al restablecimiento
de la legalidad urbanística "perturbada".
Fuente: Copia íntegra
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